La empresa puede vigilar a los trabajadores sin previo aviso.

Desde Infodret queremos informar a  empresas y trabajadores que recientemente el Tribunal Supremo en su sentencia 77/2017 de 31 de enero 2017, aceptó que las grabaciones recogidas por las cámaras de videovigilancia constituyen una prueba válida en un juicio por despido.

Los hechos acontecidos en el presente procedimiento fueron derivados de un despido disciplinario realizado a un trabajador “por transgresión de la buena fe contractual, fraude, deslealtad y abuso de confianza por la comisión de la manipulación de tikets y un supuesto hurto” durante un cierto periodo de tiempo. 

El Juzgado de lo Social número 15 de Barcelona, dictó sentencia en fecha 5 de diciembre de 2014, por la que estimó la demanda presentada por el trabajador, declarando la improcedencia del despido, y condenando a la empresa a la readmisión o al pago de la indemnización que establece el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores.

Contra esta sentencia, se formuló recurso de suplicación y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña falló desestimado el recurso de suplicación interpuesto por la empresa, dictaminando que la prueba había sido obtenida vulnerando el derecho a la protección de datos del trabajador establecido en el art.18.4 CE, por falta de información previa sobre la finalidad y el objetivo de la instalación de las mencionadas cámaras.

La empresa presentó recurso al Tribunal Supremo y en su sentencia 77/2017 de 31 de enero 2017, aceptó que las grabaciones recogidas por las cámaras de videovigilancia constituyen una prueba válida en un juicio por despido.

En el caso, la instalación de cámaras de seguridad era una medida justificada por razones de seguridad tanto para el control de posibles hechos ilícitos imputables a los propios empleados, como a clientes o terceros; era también una medida necesaria y proporcionada, y los trabajadores habían sido informados expresamente de la instalación del sistema de vigilancia, así como de la ubicación de las cámaras.

Admitida la validez de las pruebas de videovigilancia empleadas por la empresa, la Sala entiende que no debió el Juzgador de instancia denegar la prueba, lo que lleva al Supremo a acordar la retroacción de las actuaciones a fin de que se practique la prueba denegada y se dicte nueva sentencia en la que, con libertad de criterio, sea valorado el resultado de esa prueba.

Para el Supremo el elemento esencial para valorar la legalidad del uso de cámaras de videovigilancia en el trabajo, es que el contenido de las grabaciones tenga por finalidad el control de la relación laboral.

El empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes que han sido obtenidas a través de las cámaras instaladas en la empresa con la finalidad de seguridad o control laboral, porque precisamente se trata de una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral. Y en este ámbito profesional, el consentimiento del trabajador se entiende implícito; y solo cuando las grabaciones tienen una finalidad ajena al cumplimiento del contrato de trabajo, el empresario está obligado a solicitar el consentimiento de los trabajadores afectados.

Eso si, la normativa sobre protección de datos le obliga a colocar un distintivo informativo en un lugar visible (como, por ejemplo, en la puerta de entrada a sus instalaciones). Si su empresa cumple con dicha obligación, se entiende que sus trabajadores ya están avisados.  Por tanto, no deberá entregarles una comunicación adicional indicando que las grabaciones se utilizarán para imponer sanciones disciplinarias.

Para más información puede contactar con nosotros en infodret@infodret.cat

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